Delirio administrativo in Spain

VV XLI

Delirio administrativo en España

 ¡Increíble! ¡La decadencia de la casta política española  salpica a uno hasta en el otro extremo del mundo!  Y eso que aquí uno puede abrir el periódico sin tener que pasar por 5, 6 páginas llenos de artículos sobre corrupción, derroches e informes como vive un puñado de gentuza a costas de los demás porque se creen los amos del país.

Pero hay un tema que me preocupa más: 

Estoy hablando de esa cruzada irracional del gobierno contra todo aquel que haya tenido la osadía de invertir un dinero en la energía solar en España. ¿Os acordáis? La energía solar es una tecnología que permite tener calor y electricidad sin tener que pagar nada a nadie, te lo suministra el sol. Pero eso pone en peligro los beneficios de las grandes eléctricas, y no les hace gracia alguna. Tomaron medidas. La prensa, el país incluido, pasa de puntillas por el asunto, ya que las grandes eléctricas son los principales anunciantes en los medios impresos y no pueden prescindir de estos ingresos. Por eso os lo cuento yo:

Mientras la aplicación de la fotovoltaica avanza a un ritmo vertiginoso en el mundo más allá de España, miles de propietarios españoles de instalaciones fotovoltaicas están amenazados por la ruina o ya están arruinados. Ahora les toca el turno a unos  clientes de mi difunta empresa y también por eso lo cuento. También lo cuento porque en un ejemplo concreto se ilustra muy bien la perfidia sistémica que impide que España levante cabeza.

¿Cómo procede una administración delirante?

Se le comunica a los propietarios de las fotovoltaicas que han incumplido la ley y por tanto se les desconectará el generador solar de la red eléctrica. ¡Que le den al cambio climático! Además, tienen que devolver todo lo cobrado por los kilovatios vendidos en los últimos cuatro años. Si se sabe que un afectado es agricultor que cultiva olivas y otro es trabajador en una fábrica, es fácil imaginar lo que significa semejante amenaza.

Pero si han incumplido la ley, son delincuentes, me dirá Vd.  Pues ojo, el asunto tiene sus matices.

A ver, ¿Qué es lo que se incumplió?

El  artículo 8.1 del Real Decreto 1578/2008 (el que regulaba todo los asuntos de fotovoltaica) contempla que las instalaciones inscritas en el Registro de pro-asignación de retribución dispondrán de un plazo máximo de doce meses para la realización a contar desde la fecha de publicación del resultado en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, hasta  ser inscritas con carácter definitivo en el Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen especial.

Este artículo se introdujo en la ley para poner coto a los listillos de turno que al amparo de la ley anterior, el 436/2004 se hacían su agosto solicitando autorizaciones administrativas para instalaciones fotovoltaicas sin tener idea ni capital, vendiendo dichas autorizaciones a extranjeros y algún que otro español con pingues beneficios. Para acabar con este mercadeo, se estableció un plazo de ejecución, aparte de exigir un aval de 500 € por cada kW solicitado. Eso estaba bien, pues ¿Dónde está el problema?

Pues está en que el plazo de doce meses quedaba muy justo.  De hecho, el RD 1699/2011 ampliaba el plazo a 16 meses. ¿Doce meses quedaban corto? Madre mía, una instalación residencial de 5 kW la ejecutábamos en 3 días, una de 20 kW, en dos semanas sin agobiarnos. El tiempo restante se iba en gestiones administrativas, autorizaciones, certificados, papeleo, como se dice popularmente. Con Endesa por ejemplo, que tardaba meses en extender un simple certificado.

Ahora, los talibanes del gobierno actual, tergiversan aquel artículo del RD 1578, diseñado para impedir la chulería, y lo emplean para eliminar toda instalación fotovoltaica que se haya ejecutado correctamente, pero pasándose de fecha por la lentitud de la propia administración.

Veamos- el plazo establecido se define en la ley por ‘la inscripción definitiva’ de la instalación, no por ‘la solicitud de inscripción definitiva’- ¡que pequeña la diferencia y que grande el impacto! O sea, lo que decide sobre el bien o la ruina del dueño de una fotovoltaica, no es la diligencia del instalador o del propietario en el papeleo, sino el trabajo de un funcionario del mismo ministerio que ahora amenaza a los angustiados ciudadanos. Entre la entrega de la solicitud y el registro definitivo fácil que pasaban dos meses. El hecho de que un funcionario que tiene que realizar el registro, esté de vacaciones, tiene la baja por estrés o un pie en escayola decide sobre el destino de esta gente. ¡Pero dónde estamos! Ah, en España… donde iba ser, si no. Pero espero  que estas aberraciones inquisicionales no tengan consistencia jurídica ni en España. Que condenen a un ciudadano a la ruina por causas completamente ajenos a él, eso pasaba en tiempos de la dictadura, pero se supone que llevamos 40 años en un estado de derecho con ciertos principios democráticos. Se supone.

Llevo seis meses en un país ‘tercermundista’, como se suele clasificar en Europa. Cuando se proyecta aquí una ley nueva, llaman a todos los interesados a mesas de trabajo, para aportar su opinión. Luego se envía a todos el borrador de ley para que los afectados lo comenten. Viene con una tabla Excel, donde copias el artículo que te parece incorrecto, en la columna: ‘donde dice’, luego, en la columna ‘debería decir’, redactas tú el articulo como te parezca mejor. En la tercera columna argumentas porque es mejor como lo has redactado tú. ¡Y se lo leen! Como te descuides, aparece en la ley un artículo que has redactado tú mismo. Es una buena manera de evitar las chapuzas a la hora de redactar leyes. ¡Si en España no pasas de la portería del Ministerio de Industria, si no eres de Endesa con un contrato de asesor en la carpeta para el funcionario de turno!

Dentro de unos días se va la Bachelet a Europa para ver a la Merkel y a Rajoy. Espero que le ofrezca a Rajoy que la cooperación chilena de unos cursillos a la administración española en el área de democracia aplicada y en administración transparente. ¡Quién sabe!

Por si interesa, aquí una lista de ex-politicos a sueldo de las compañías energéticas. Publicado en EL MUNDO el 14-2-2014

Acebes, Ángel (Iberdrola). Ex ministro del Interior y ex secretario general del PP. Miembro del consejo de administración de Iberdrola. 216.000 euros.
Aracama, José María (Gamesa). Ex consejero de Economía y Hacienda de Navarra. Consejero independiente. 100.000 euros.
Amador, Ángeles (Red Eléctrica). Ex ministra de Sanidad del PSOE. Consejera externa independiente. 182.000 euros.
Atutxa, Juan María (Iberdrola). Ex consejero del Interior del País Vasco con el PNV. Consejero de Iberdrola Ingeniería y Construcción. 46.300 euros (estimación).
Aznar, José María (Endesa). Ex presidente del Gobierno. Asesor presidencial de Endesa. 200.000 euros (estimación). A través de su fundación FAES transmite las ‘sugerencias’ de Endesa a los políticos en servicio
Azpilicueta, Manuel (Solaria). Vicepresidente del Instituto Nacional de Industria con Adolfo Suárez. Consejero independiente de Solaria. 75.000 euros (estimación).
Becerril, Carmen (Acciona). Ex directora general de Política Energética y Minas con el PP. Directora general de internacional de Acciona. Sueldo no público.
Borbón-Dos Sicilias, Carlos (Abengoa). Primo de Juan Carlos I. Consejero independiente de Abengoa Solar. Salario no público.
Borrell, Josep (Abengoa). Ex ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y ex presidente del Parlamento Europeo. Consejero independiente externo. 300.000 euros.
Boyer, Miguel (Red Eléctrica). Ex ministro de Economía del PSOE. Consejero externo independiente. 153.000 euros.
Cabanillas, Pío (Acciona). Ex director general de RTVE y ex portavoz del Gobierno. Director general de imagen corporativa y marketing global de Acciona. Remuneración no pública.
Cobo Cobo, Santiago (Gas Natural Fenosa). Marido de Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz. Consejero independiente de Gas Natural Fenosa. 138.500 euros.
Cuevas Tello, Ana (Red Eléctrica). Ex jefa de gabinete del secretario de Estado de Energía y Desarrollo Industrial e hija de José María Cuevas, el ex presidente de la CEOE. Directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales. Sueldo no público.
De Vicente-Tutor, Manuel(Solaria). Ex director del gabinete del director general de la Agencia Tributaria. Secretario del consejo de Solaria. Sueldo no público.
Domínguez Abascal, José (Abengoa). Ex secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía. Secretario general técnico de Abengoa. Sueldo no público.
Espinosa de los Monteros, Carlos (Acciona). Ex vicepresidente del Instituto Nacional de Industria. Consejero independiente. 175.000 euros.
Fernández-Cuesta, Nemesio (Gas Natural Fenosa). Ex secretario de Estado de Energía y Recursos Minerales. Consejero dominical en nombre de Repsol. 126.500 euros.
Folgado, José (Red Eléctrica). Ex secretario de Estado de Energía, de Economía y de Presupuestos. Presidente de Red Eléctrica. 650.000 euros.
González, Felipe (Gas Natural Fenosa). Ex presidente del Gobierno. Consejero independiente (hasta abril). 126.500 euros.
González, Miriam (Acciona). Esposa de Nick Clegg, viceprimer ministro británico. Consejera independiente. 125.000 euros.
Hernández Mancha, Antonio (Enagás). Ex líder de Alianza Popular. Consejero independiente de Enagás a falta de confirmación por la Junta. 64.000 euros (estimado).
López del Hierro, Ignacio (Iberdrola). Marido de Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha. Consejero de Iberdrola Inmobiliaria e Iberdrola Ingeniería. 75.000 euros (estimado.)
Madí, David (Endesa). Ex secretario de comunicación y estrategia de Convergència Democràtica de Catalunya. Presidente del consejo asesor de Endesa en Cataluña. 25.000 (estimado).
Majó Cruzate, Joan (Endesa). Ex ministro de Industria con el PSOE. Miembro del consejo asesor de Endesa en Cataluña. 25.000 euros (estimado).
Marín, Manuel (Iberdrola). Ex presidente del Congreso de los Diputados y ex vicepresidente de la Comisión Europea. Presidente de la Fundación Iberdrola. Sueldo no público.
Martín Villa, Rodolfo (Endesa). Ex vicepresidente del Gobierno con la UCD. Presidente de honor de Endesa. Sin remuneración.
Martínez-Rico, Ricardo(Abengoa). Ex secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. Consejero independiente. 136.000 euros.
Medel, Braulio(Iberdrola). Ex viceconsejero de Economía de la Junta de Andalucía. Consejero independiente de Iberdrola. 297.000 euros.
Oreja Arburua, Marcelino (Enagás). Ex eurodiputado e hijo del ex comisario europeo de Energía. Consejero delegado de Enagás. 423.000 euros.
Padrol Munté, Heribert (Gas Natural Fenosa). Ex número dos de la lista de CiU al Congreso. Consejero dominical por Criteria CaixaHolding. 126.500 euros.
Palacio, Ana (EDP y Enagás). Ex ministra de Exteriores. Consejera independiente de EDP y consejera de Enagás a falta de confirmación por la Junta. 100.000 euros (estimación).
Pérez Simarro, Ramón (Enagás). Ex director general de la Energía. Consejero independiente. 72.000 euros (estimación).
Roca Junyent, Miquel (Endesa). Ex portavoz de CiU en el Congreso, padre de la Constitución y abogado de la infanta Cristina. Consejero independiente. 308.378 euros.
Rupérez, Javier (Abengoa). Ex diputado y ex embajador en EEUU. Consejero de Abengoa Bioenergy. 25.700 euros (est).
Salgado, Elena (Endesa). Ex ministra de Economía. Vocal del consejo de administración de Chilectra. 60.000 euros (est).
Sendín, Paloma (Red Eléctrica). Ex directora general de Minas. Consejera independiente. 153.000 euros.
Solana, Luis (Abengoa). Ex diputado socialista, ex director de RTVE y hermano del socialista Javier Solana. Consejero de Abengoa Bioenergy. 25.700 euros (estimado).
Solana, Gonzalo (Enagás). Ex presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia. Consejero independiente a falta de confirmación por la Junta de Enagás. 64.000 euros (estimado).
Solbes, Pedro (Enel). Ex ministro de Economía y ex comisario europeo. Consejero de Enel (accionista de referencia de Endesa). 132.000 euros.
Terceiro Lomba, José (Abengoa). Subsecretario de la presidencia del Gobierno. Vicepresidente ejecutivo de Abengoa en representación de la empresa Aplidig SL. 3.099.000 euros.
Tocino, Isabel (Enagás). Ex ministra de Medio Ambiente con el PP. Consejera independiente a falta de confirmación por la Junta de Enagás. 64.000 euros (estimado).
Valero, Luis (Enagás). Ex secretario general de Industria. Consejero independiente a falta de confirmación por la Junta de Enagás. 64.000 euros (estimado).